El IEPS y el Auge del Mercado Ilegal de Tabaco
La Alianza Nacional de Pequeños Negocios (Anpec) ha emitido una advertencia contundente: la implementación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a la venta de tabaco ha provocado un notable incremento en el comercio ilícito de este producto. Según el informe semanal de la organización, la entrada en vigor de la nueva política fiscal disparó el costo de las cajetillas de cigarrillos en México, superando los 100 pesos en puntos de venta y registrando un aumento promedio de entre 15 y 22 pesos por paquete.
Esta coyuntura ha fortalecido de manera alarmante el mercado negro de cigarrillos. “Actualmente, tres de cada diez cigarros que circulan en el país son de origen ilegal,” afirmó Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec. Rivera añadió que esta estrategia fiscal ha terminado por enriquecer a las redes de contrabando, que operan con amplios márgenes de ganancia y, en muchos casos, con total impunidad.
Un Terreno Fértil para Productos Ilícitos
El directivo de Anpec detalló que estas organizaciones criminales distribuyen sus productos a la vista de todos en lugares concurridos como las inmediaciones de estaciones del Metro, paraderos de transporte público, aceras y cruceros, haciendo “sumamente sencillo” el acceso a estos productos. La brecha de precios entre un paquete legal y uno de contrabando es abismal, superando los 75 pesos, lo que estimula tanto su consumo como su distribución. Estos cigarrillos se venden incluso de forma individual, a menudo a menores de edad, sin control de calidad alguno en su manufactura, lo que representa un riesgo mayor para la salud pública y, además, evaden por completo el pago de impuestos.
Marco Legal Reforzado y Consecuencias Inminentes
Rivera recordó que desde el 1 de enero entraron en vigor modificaciones al Código Fiscal de la Federación. Estas reformas enfatizan la obligación de verificar la procedencia legal de las cajetillas de cigarros, estableciendo con mayor claridad que la posesión o comercialización de tabaco ilegal se equipara al delito de contrabando. La legislación vigente es explícita: la ley no requiere de intención para aplicar sanciones, lo que significa que vender o tener cigarros ilegales, incluso por desconocimiento, puede acarrear responsabilidades fiscales y penales para el comerciante.
El código de seguridad fiscal, un elemento único e irrepetible impreso en cada cajetilla legal, es la principal prueba de que el producto cumple con la normativa y ha pagado los impuestos correspondientes. “La ausencia de este código o el uso de códigos falsos, alterados o apócrifos, expone al comerciante a ser considerado y tratado como contrabandista,” advirtió Rivera, destacando que las penalizaciones no se limitan al importador o fabricante, sino que alcanzan a toda la cadena de distribución.
Sanciones Estrictas por Comercialización Ilícita
Según la información proporcionada por Anpec, las consecuencias legales aplicables son severas:
- Sanciones Penales:
- Prisión de tres meses a cinco años por contrabando sin agravantes significativos.
- Prisión de tres a nueve años cuando se configura contrabando calificado, como el uso de códigos fraudulentos, documentación falsa o cuando la evasión fiscal es considerable.
- Multas Económicas: Equivalentes del 130 al 150 por ciento de las contribuciones no declaradas, incluyendo el IEPS.
- Decomiso de Mercancía: Aseguramiento y confiscación definitiva de los productos de tabaco y los medios empleados para su transporte o almacenamiento.
- Responsabilidad Extensa: Comerciantes, distribuidores o cualquier persona que posea cigarros ilegales puede ser sancionada si no puede demostrar su legalidad y cumplimiento fiscal.
“En el escenario actual, comercializar cigarros sin el código de seguridad no es una falta menor, representa un riesgo tangible para la operatividad del negocio, el patrimonio familiar y la estabilidad jurídica del comerciante,” subrayó Rivera. Por ello, la Anpec insta a sus afiliados y a los pequeños comerciantes a adquirir estos productos únicamente de distribuidores formalmente establecidos.
