Exigen Abogados de Veracruz Frenar Red de Despojo Inmobiliario y Señalan Complicidad Notarial
Un grupo de abogados penalistas del estado de Veracruz ha hecho un enérgico llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para que intervenga de manera decisiva contra una presunta red de fraude inmobiliario que opera en la entidad, dedicada a la apropiación ilegal de propiedades. Esta petición surge ante lo que consideran una inacción por parte de la Secretaría de Gobierno, que, según los juristas, no ha tomado las medidas necesarias para sancionar o suspender a notarios públicos que enfrentan procesos legales y denuncias por presuntos actos de corrupción y estafa.
Previamente, en reportes periodísticos, se había expuesto la existencia de esta compleja red, que involucra a miembros del Registro Público de la Propiedad, jueces, peritos adscritos al Poder Judicial y notarios públicos. Su modus operandi consistiría en la utilización de intermediarios o prestanombres, así como la simulación de transacciones de compraventa, validadas con la complicidad de estos actores para despojar a familias de sus legítimas propiedades.
Jorge Reyes Peralta, miembro del Colegio de Abogados Penalistas, destacó en conferencia de prensa que esta organización dedicada al despojo inmobiliario opera con aparente libertad, lo que atribuye a supuestas omisiones por parte de autoridades estatales. El abogado explicó que este esquema sistemático de corrupción y simulación de operaciones financieras es posible gracias a una presunta falta de supervisión institucional sobre el gremio notarial en Veracruz.
Caso Emblemático: La Venta Irregular de un Predio de 98 Millones de Pesos
Los abogados presentaron ante los tribunales, hace más de dos años, un caso que ilustra claramente el funcionamiento de esta red: la supuesta venta irregular de un terreno valuado en 200 millones de pesos, el cual fue presuntamente comercializado por invasores en 98 millones de pesos. Este inmueble, ubicado en la zona de Arco Sur en Xalapa, es una herencia de una familia con profundas raíces históricas en la capital veracruzana.
- En un solo día, se formalizaron las escrituras a nombre de la familia invasora y, acto seguido, la escritura de venta por casi 100 millones de pesos.
- Se denunció un presunto pago en efectivo de un millón de pesos al Registro Público de la Propiedad, del cual no existe rastro ni evidencia documental.
- No existía una sentencia judicial firme que avalara la escrituración de la propiedad a favor de los invasores, un requisito legal indispensable.
- A pesar de que el juicio sobre la propiedad aún no ha concluido y no hay una resolución judicial definitiva, el bien fue escriturado y vendido, sin el conocimiento de los legítimos propietarios.
«El mismo día, sin orden judicial alguna, se protocoliza la escritura y se vende ese predio en 98 millones de pesos, como consta en la documentación. Esta es una práctica ancestral en el estado, el célebre Cártel Inmobiliario que colabora con particulares y notarios», afirmaron los juristas.
Involucramiento de Notaría y Faltas Financieras
En este caso particular, se señala la participación de la notaría de un ex secretario de gobierno estatal, quien supuestamente generó una escritura a favor de Marta ‘N’, la persona identificada como invasora. Posteriormente, el predio de 12 hectáreas fue «vendido» a José ‘N’ y Manuel ‘N’ por la suma de 98 millones de pesos, presuntamente cubiertos con cheques.
Tras la denuncia y una investigación subsecuente, se confirmó que los 98 millones de pesos no fueron efectivamente pagados. Además, el notario presuntamente omitió reportar esta operación como relevante ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y no se cubrieron los impuestos correspondientes ante el SAT. «Desconocemos el monto que cobró el notario y, a pesar de las irregularidades, ambas escrituras fueron debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad», enfatizaron los abogados.
La denuncia no se limitará únicamente a los particulares involucrados, sino que se extenderá a todos aquellos funcionarios públicos que, por acción u omisión, hayan posibilitado la ejecución de estas prácticas ilegales.
